¿Puede alguien reconocer los hechos y “pactar” la pena con el fiscal?

Para responder a esto debemos familiarizarnos en primer lugar con el concepto “sentencia de conformidad”.  Esta es aquella que resulta cuando se llega a una solución consensuada en el proceso penal y, aunque a algunos les ha escandalizado, es una figura recogida en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal con el objetivo de simplificar y darle celeridad al proceso.

Lo que se persigue es básicamente evitar la celebración del juicio oral. En este sentido, la ley recoge que el procesado se puede declarar culpable del delito, según la calificación más grave, y civilmente responsable, por la cantidad mayor que se hubiese fijado.

En la práctica lo ocurre es que la acusación rebaja la pena solicitada aunque siempre, por supuesto, dentro de la horquilla que la ley recoge para el delito y la defensa acepta esa pena habiendo calculado que la celebración del juicio oral podría resultarle más perjudicial.

En caso de que hubiera varios acusados puede darse la circunstancia de que alguno o algunos de ellos acepten su culpabilidad mientras que otro u otros no y, en ese caso, se celebrará el juicio oral para estos y no para aquellos.

No obstante debemos decir que este pacto de conformidad debe pasar también el filtro del juez o magistrado el cual, atendiendo a la mayor o menor gravedad de la pena, decidirá si procede o no la aceptación del mismo. Procederá cuando la pena sea entendida como “correccional” y no procederá en los demás casos.

Por supuesto dicha conformidad debe ser libre y voluntaria y no puede ser obtenida bajo violencia o intimidación pues, tal y como recoge la Ley Orgánica del Poder Judicial, sería nula de pleno derecho.

Así pues y cumpliéndose todos los requisitos el juez dictaría una sentencia según lo acordado por las partes en la que se declararía culpable al procesado, sin llegar a celebrar el juicio oral e imponiendo la pena en su parte inferior.

Por lo tanto, y a modo de conclusión, podemos decir que la conformidad es una figura perfectamente viable y permitida por nuestra legislación a la que podría acogerse cualquier ciudadano en un proceso penal siempre y cuando se reúnan los requisitos descritos.

Realizado por Ayoze Álvarez González para “Litiscan Abogados” bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 España (CC BY-NC-SA 3.0))

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